SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El artículo 37 de la Constitución, que prohíbe la interrupción del embarazo aun cuando amenace la vida de la madre, puede cobrarse pronto su primera víctima conocida: Esperancita, una joven embarazada de dieciséis años que padece leucemia y necesita con urgencia recibir quimioterapia.
Conectada a aparatos que le facilitan la respiración, Esperancita tiene muy pocas esperanzas de salir con vida del trance. Agitando la Constitución como el exorcista la cruz, un Comité de Bioética determinó esperar que el embarazo de la joven llegue a doce semanas antes de someterla al tratamiento contra el cáncer que la consume. Tres semanas de espera, como si ella estuviera en condiciones de resistirlas. Apartado desdeñosamente a un lado, y sin que la conciencia “hipocrática” de los médicos se inmute, reposa el informe sobre las pésimas condiciones hematológicas de la adolescente.
Contra esta “moral” indolente se indigna el ginecoobstetra y exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Terrero. Su indignación tiene antecedentes: durante largos meses de 2009 se opuso, con razonada y razonable vehemencia, a que los responsables de hacer leyes que rigen la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas incluyeran en la Constitución un artículo de perversidad estremecedora.
“Los libros que leen esos médicos, que son los mismos que leo yo, les dicen muy claramente que si la leucemia es descubierta en el primer trimestre, el embarazo debe ser interrumpido”, afirma Terrero, quien no inventa justificaciones.
Tampoco es cierto, y su tono es categórico, que esperar hasta la duodécima semana de gestación, cuando el embrión es ya considerado feto, garantice que no habrá daños. De que no ocurran solo hay posibilidades, meras posibilidades, cuando el embarazo está avanzado.
Piensa en Esperancita y advierte que si los médicos esperan más tiempo pese al estado de deterioro de la paciente, el tratamiento le producirá una descompensación que casi con toda seguridad la llevará a la tumba junto al feto. Desde luego, si es que la falta de asistencia a su leucemia no lo decide antes.
Víctor Terrero no se anda por las ramas. Conoce al dedillo el mundo de la ginecoobstetricia. Y sabe que las embarazadas de alto riesgo pobres o las también pobres que llegan con un aborto provocado en curso y las recibe un camillero, son las únicas “constitucionalizadas”. Para las otras, las que pagan clínicas con nombres conocidos por todos, hay una miríada de afables y discretos médicos que pasan sin hacer ruido por encima del Artículo 37. ¡Si lo sabrá él!
Al caso de Esperancita se suma otro elemento: el alto costo de la quimioterapia que le debe ser administrada. Demasiado para ella, pero sobre todo --¿por qué no?— para un sistema de salud que trata al pobre como material de desecho.
Al igual que durante las discusiones del proyecto constitucional, en las que él y un puñado de asambleístas, hombres y mujeres, fueron quijotes, Víctor Terrero siente hoy la misma indignación frente a tanta hipocresía social y política. Él ha llegado a ofrecerse voluntario a cargar con la cuenta de salvar a Esperancita, y se le han reído en la cara.
En la habitación 302 del Centro Médico Semma, Esperancita se apaga. Junto a ella, su madre, a quien los médicos han pedido no hablar con la prensa del caso y hasta dice que está agradecida, obtiene por única respuesta a sus preguntas sobre la salud de su única hija, la mentira de que “están haciendo lo correcto”.
Ya lo dijo la ginecóloga Lilliam Fondeur en un artículo publicado el jueves: “El grupo de células que lleva en su vientre Esperancita morirá con ella, pero los responsables de postergar la quimioterapia dormirán tranquilos por no haber contradicho las normas legales. Dios los perdone. Ser pobre en nuestro país es pecado, bendecido por los poderes”.
Margarita Cordero/7dias.com.do
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